Autor:JOSÉ JOAQUÍN BELDA GONZÁLVEZ Quisiera hacer pública la injusticia e incluso la indignación, que representa la inoperancia de los políticos, las instituciones y las organizaciones empresariales y sociales, ante la falta de respuesta alternativas y la inoperatividad para poder paliar la crisis en el sector inmobiliario, principalmente por la falta de medidas y ayudas para favorecer el acceso a la vivienda que es un derecho constitucional, así como la correspondiente salida al stock, actual, generando a la vez actividad económica.
Resulta verdaderamente indignante que a estas alturas de la crisis y con la experiencia acumulada, aún no hayan reparado ni los políticos ni los gobernantes ni las correspondientes administraciones públicas municipales, provinciales, autonómicas o nacionales, en realizar propuestas -que además existen- que sean válidas, acordes y precisas para aplicar de inmediato, mediante decreto ley, como medidas de choque rápido, y posteriormente reformando la legislación hipotecaria. En la actualidad está estudiándose por la Comisión Nacional de la Vivienda del Congreso la dación en pago y la cláusula techo, medidas totalmente insuficientes e incluso desfasadas para ayudar a paliar la realidad de la crisis.Voy a citar, al menos, algunas de las más urgentes e importantes que hace mucho tiempo desde que empezó el estallido de la burbuja inmobiliaria y la consiguiente crisis financiera ya deberían estar en vigor. Me refiero la primera de ellas a la lógica de facilitar que cualquier ciudadano o familia en situación de desempleo, enfermedad, etcétera, pueda flexibilizar e incluso paralizar sus pagos hipotecarios o deudas crediticias de forma automática, como en la actualidad ocurre con las empresas mediante el concurso de acreedores, más aún, que también está aplicándose a las cajas y bancos que son ayudados por el Estado con miles de millones para evitar su quiebra. Y que no los están destinando precisamente a que fluya el crédito ni mucho menos, sino a financiar principalmente sus grandes inversiones en suelo y en el sector inmobiliario, financiando sus viviendas a través de sus propias inmobiliarias al 100% -cuando al resto de clientes como máximo ofrecen el 80%, aun con unos criterios de solvencia máximos-, además de las expansiones avariciosas de sus directivos, origen y causa principal de la crisis.¿Por qué entonces no se utiliza la misma vara de medir con las familias y en cambio se les desahucia? Lo peor es que estas mismas viviendas de las que se les desahucia se venden en oferta o se alquilan por un precio módico, después de generar un montón de gastos y discriminar al ocupante, negándole el pan y la sal, obligándoles a lo sumo en algunos casos, a modificar de nuevo la escritura con una tasación mayor, con los cuantiosos gastos que esto origina. Por ello, se continúan generando más excluidos, en muchos casos auténticos dramas sociales. ¿Ustedes lo entienden? Yo desde luego que no, y llevo unos 35 años en la profesión. Más en la actualidad, en la que la desesperante crisis se ve agudizada por la subida constante del euribor, volviendo a hacer auténticos estragos en las familias. Sin reacción alguna de los políticos y, por supuesto, aún menos de las autoridades financieras, como el BE, esas autoridades que en todo momento están dando lecciones al Gobierno de lo que se ha de hacer, pero que ni han evitado ni controlado el sobreendeudamiento del sistema financiero, con "los mercados", y encima les han permitido erigirse en las mayores inmobiliarias del país, con sus empresas participadas y sus promotores e inversores amigos, rompiendo y abusando así de las prácticas más inusuales conocidas y repudiadas, prácticas que las autoridades de la competencia también permiten. Las consecuencias de esta competencia desleal son la destrucción y liquidación impasible del 80 o 90% del sector profesional tradicional.
Fuente:http://www.diarioinformacion.com/opinion/
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